La implementación de un control de acceso en la Isla 92, a cargo de una empresa de seguridad privada, genera inquietudes entre los vecinos del Valle Medio. Las largas colas de espera y la falta de información sobre el alcance de las medidas de seguridad, motivaron preguntas sobre la legalidad y la transparencia del proceso.
Tras la construcción de una caseta de resguardo, una empresa de seguridad privada se encarga del control de acceso a la Isla 92 en Choele Choel. Si bien no transcendio informacion pública sobre este servicio, se sabe que la empresa gestiona la seguridad de la isla.
Esta situación genera algunos interrogantes: ¿Cuál es el costo del servicio de seguridad? ¿Cuenta la empresa con la autoridad legal para solicitar información a los ciudadanos? ¿Qué uso se le da a la información recopilada?
Además, se cuestiona la implementación de controles de acceso en un espacio público como si fuera de propiedad privada. ¿Qué autoridad regula el acceso a la isla y quién determina quién puede ingresar y quién no?