Proponen declarar la emergencia turística en Río Negro

El turismo en la Argentina emplea a 1,1 millón de personas y abarca más de 5.000 agencias y 17.000 hoteles, entre otras empresas y comercios.

Actualmente, el aislamiento social, preventivo y obligatorio -parte de las medidas dispuestas a nivel nacional para la contención de la pandemia de Covid-19- resulta un duro golpe para la actividad, que se encuentra por completo paralizada desde tres días antes de que se decretara la cuarentena, el pasado 20 de marzo.

Sabido es que el libre tránsito de personas por el país será una de las últimas actividades en ser autorizada, y que esto no será antes del verano.

En Río Negro, el sector genera más de 62 mil puestos de trabajo, hoy en riesgo a causa de la crisis sanitaria mundial.

El proyecto ingresado este lunes a la Legislatura por el bloque del Frente de Todos impulsa un paquete de medidas en línea con las anunciadas por el ministro de Turismo Matías Lammens a nivel nacional.

Desde esa cartera se anunció, a poco de iniciada la cuarentena, la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales durante abril para empleadores que no superen los 60 contratados, la Asignación Compensatoria al Salario para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados, el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para compañías con más de 100 trabajadores, un sistema integral de prestaciones por desempleo y préstamos a una tasa del 24% para que las pymes puedan pagar los sueldos.

Entre otras, las medidas anunciadas incluyen además el apoyo a pequeños emprendedores turísticos a través del Fondo de Turismo (FonDeTur), obras financiadas con fondos del impuesto PAIS, y la implementación del Plan “50 destinos”, que ya cuenta con 1.400 millones de pesos para mejorar la infraestructura turística.

Con igual sentido, el proyecto que impulsa el Frente de Todos en Río Negro se suma a lo dispuesto a nivel nacional para la industria turística, autorizando al gobierno provincial “a disponer por razones de emergencia a través de los organismos correspondientes, la adopción de políticas públicas  tales como: prórrogas en el vencimiento de impuestos provinciales; elaboración de planes de regularización de obligaciones tributarias; suspensión de ejecuciones; otorgamiento de líneas de crédito en condiciones diferenciales; otorgamiento de subsidios y aportes directos; y en general toda otra mediada que a criterio del Poder Ejecutivo Provincial proteja las fuentes de empleo y la continuidad de las empresas vinculadas al sector”.

La medida tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, aunque podría ser prorrogada si el gobierno provincial lo considerara necesario.

“Una declaración de emergencia implica dos cosas”, explicaron desde el bloque legislativo, “por un lado el diagnóstico, el reconocimiento de la situación de crisis que transita la provincia; a la vez que, sin estar sujeto al retardo burocrático que suele ocurrir en tiempos de normalidad, significa conferirle al Poder Ejecutivo la posibilidad de actuar de forma inmediata para acudir en auxilio de estos sectores, tomando las decisiones que creyera pertinentes”.

Por último, señala el proyecto, “Se instruye al Poder Ejecutivo Provincial para que convoque al Consejo Consultivo previsto en el artículo 2° de la Ley 5269 a fin de que, en articulación con las Cámaras Turísticas, los Municipios y el Ministerio de Salud de la Provincia, elaboren protocolos y propongan medidas para la reactivación del sector y la continuidad de las actividades, en tanto las definiciones sanitarias así lo permitan”.

 



Autor:BLOQUE LEGISLADORES FDT

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